Por medio de una acción de amparo, la organización Primero Guatemala busca que quede sin efecto la adjudicación de cargos a diputados que resultaron electos en las pasadas elecciones y serían contratistas del Estado.
De acuerdo con integrantes de esa entidad, son varios los futuros legisladores que tendrían prohibición constitucional, por lo que accionaron ante la Corte Suprema de Justicia, para que el Tribunal Supremo Electoral anule esas adjudicaciones.
Se trata de personas que durante el proceso electoral ejercieron jurisdicción o tienen contratos vigentes de obras públicas, manifestaron los activistas.
Con esta acción legal se busca que el TSE revise los listados completos y cancele la entrega de credenciales a quienes tienen una prohibición legal para asumir los cargos, expresaron.
Estas son las peticiones planteadas en el amparo: