La represión contra estudiantes en Jalisco y la creación de una ley contra activistas en Tabasco, estados ubicados al occidente y sur de México, respectivamente, ha generado reacciones en redes ante lo que algunos analistas consideran como dos casos de ‘criminalización’ de la protesta social.
Un asunto que, además, golpea al Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, perteneciente al partido oficialista Morena y cercano al mandatario mexicano, fue el impulsor de la ley para imponer sanciones más severas contra quienes tomen carreteras o instalaciones federales, en un contexto donde algunos grupos sociales han expresado su descontento contra proyectos de infraestructura promovidos por el Ejecutivo.
Golpean y detienen a estudiantes en Jalisco
El pasado viernes 26 de julio, estudiantes y activistas protestaron contra el incremento a las tarifas de transporte público en el estado de Jalisco.
En Guadalajara, capital del estado, algunos colectivos de manifestantes tomaron sin violencia algunas estaciones de metro y permitieron que los usuarios ingresaran gratis al servicio de transporte, como forma de protesta por el incremento en el precio del pasaje, de 7 a 9,50 pesos (0,37 a 0,5 dólares), en la principal ciudad del estado.
Tras las protestas, policías golpearon y detuvieron a algunos de los manifestantes que manifestaron en la estación Plaza Universidad del Tren Ligero.
La manera en que los uniformados golpearon a los activistas fue registrada en algunos videos subidos a redes sociodigitales.
Las imágenes causaron indignación entre amplios sectores de la población jalisciense, que durante el fin de semana convocaron a marchas con el objetivo de exigir la renuncia del gobernador Enrique Alfaro, a quien acusaron de reprimir a los estudiantes.